La nulidad del juicio oral por vulneración del derecho a la defensa técnica eficaz del imputado

No Thumbnail Available
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universidad Nacional de Trujillo
Abstract
Desde tiempos inmemoriables, cualquier persona que era imputada con la comisión de un hecho delictivo (imputado), tenía el derecho a defenderse y a ser defendido, esto es lo que se conoce hoy en día como defensa material y técnica, respectivamente. Conforme fue pasando el tiempo, se hizo exigible que el imputado, como se le denomina a la persona que es acusada de la comisión de un delito, cuente con un abogado defensor, capacitado académicamente, para defender sus intereses; sin embargo, este derecho ha ido evolucionando y adoptando un matiz diferente según la tipología de Estado. Así por ejemplo, durante el sistema inquisitivo (anterior sistema procesal que regía el proceso penal y que aún impera en algunos distritos judiciales en nuestro país) el imputado era considerado como un objeto, a tal punto que sobre él podía recaer cualquier acto de tortura con tal de conseguir la ansiada “verdad”, cometiendo en ese sentido, muchos actos arbitrarios e injustos que enervaban la dignidad del ser humano y que no coincidían con la concepción de un Estado de Derecho. Afortunadamente, en el Perú, desde el 2004, año a partir del cual se ha venido implementando de manera progresiva el Nuevo Código Procesal Penal, se ha perfilado un concepto diferente del derecho a la defensa, en especial de la defensa técnica, tal es así, que el rol del abogado defensor a la luz del sistema procesal penal de tipo acusatorio con tendencia adversarial, se ha tornado más activo, siendo exigible que su actuación sea diligente, acorde con los principios y garantías que rodean el nuevo proceso penal. Sin embargo, en la realidad no siempre la actividad ejercida por el abogado defensor es la más idónea, diligente, activa; sucede en algunos casos, como en el que hemos analizado y utilizado como base para nuestra investigación, que el abogado con su actuar, deja en total estado de indefensión al imputado, vulnerando en consecuencia uno de sus derechos fundamentales que tiene sustento constitucional y se constituye como garantía de un proceso penal válido: el derecho a una defensa técnica eficaz. Así, por ejemplo, se vulnerará este derecho cuando el abogado de la defensa no recabe y ofrezca los medios probatorios de descargo a favor de su patrocinado, no controvierta las pruebas en su contra, no presente los recursos de ley pertinentes, no interrogue y contrainterrogue a los testigos y peritos en audiencia pública, no controle la legalidad del procedimiento, no apele la sentencia condenatoria o la que imponga una medida cautelar; en esos casos, estaremos ante un defensa técnica ineficaz, inidónea, en cuyo caso, se debería declarar la nulidad del acto procesal. El legislador peruano en el Código Procesal Penal, ha previsto en el artículo 150°, varios supuestos en los cuales se debería declarar la nulidad del acto procesal, entre esos presupuestos se encuentra, la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Perú. En ese sentido, la presente tesis para optar el Título de Abogado, se encuentra dirigido a efectuar un estudio sobre los alcances del derecho a la defensa técnica eficaz del imputado desde la perspectiva constitucional y legal. Así, planteamos en el presente trabajo de investigación, que la actividad ejercida por el abogado no debe limitarse a una mera función de representación o asistencia, sino que debe ser efectiva, es decir, debe ser real o material, traducida en actos de gestión que la vivifiquen a fin de que la pretensión punitiva del Estado se amolde a los parámetros de diligencia debida en pro de los intereses del incriminado. Caso contrario, cuando el abogado defensor actúe de manera inconsciente o negligente, vulnere el interés de su patrocinado al actuar con temeridad o mala fe, debe declararse de oficio la nulidad del acto procesal viciado sin esperar la solicitud de la parte interesada en el proceso penal. Bajo esa línea, a través de este trabajo, hemos elaborado algunos criterios que el juez debería tener en cuenta a la hora de determinar si en un caso concreto se ha vulnerado tal derecho; y por tanto, declarar la nulidad del juicio oral a fin de impedir el uso arbitrario e indiscriminado de este remedio por parte de los operadores jurídicos, dado que la nulidad del juicio oral trae diversas consecuencias, no solamente de orden jurídico sino también sociales y económicas
Description
Since time immemorial, anyone who was charged with the commission of a crime (the defendant), had the right to defend and be defended, this is what is known today as material and technical defense, respectively. As time passed, it was required that the accused, as he calls the person who is accused of committing a crime, have an attorney, academically trained to defend their interests, but this right has evolved and taken a different hue depending on the type of state. In Peru, since 2004, the year from which has been progressively implemented the new Code of Criminal Procedure has emerged a different concept of the right to defense, especially the technical defense, so much so that the role of counsel in light of the adversarial trial system prone type adversarial, it has become more active, yet due to its action is not diligent in keeping with the principles and safeguards surrounding the new criminal proceedings. However, whenever the activity engaged in by the defense lawyer is the most appropriate, diligent, active, occurs in some cases, like the one we have analyzed and used as the basis for our investigation that the lawyer with his act, leaving a total defenseless to the accused, thus violating one of their fundamental rights have constitutional support and is constituted as a criminal valid. Thus, for example, infringe this right when the defense attorney and provide the means to seek exculpatory evidence in favor of his client, does not dispute the evidence against him, does not have the resources relevant law does not examine and cross and expert witnesses in open court, not to check the legality of the procedure, do not appeal the conviction or impose an injunction, in such cases we are faced with a technical defense ineffective, inidónea, in which case should be declared invalid the procedural act. Peruvian lawmaker in the Criminal Procedure Code has laid down in Article 150 ° several cases in which it should declare the nullity of the proceedings, including those budgets are in, the failure of the substance of the rights and guarantees provided in the Constitution. In that sense, this thesis to a law degree, is directed to conduct a study on the scope of the right to a defense of the accused from the constitutional and legal perspective. Thus, we propose in this paper that the activity pursued by the attorney should not be limited to a mere function of representation or assistance, but must be effective, ie it must be real or material translated into management actions that vivify so that the punitive state conforms to the parameters of due diligence on behalf of the interests of the incriminated. Otherwise, when the defense attorney act unconsciously or negligently violates the interests of his client to act with recklessness or bad faith should be declared null and void automatically without waiting for the request of the interested party in criminal proceedings. While our thesis supports the oral mistrial as a remedy for violation of the right to a defense, it does not mean that through this work, we have also taken into account the study and analysis of some criteria to determine which cases the college of second instance must declare the nullity of the trial in order to prevent arbitrary and indiscriminate use of this remedy by legal operators, since the oral mistrial brings many consequences, not just legal but also social and economic
Keywords
Nulidad del juicio oral, Hecho delictivo, Vulneración del derecho a la defensa técnica
Citation
Collections