Derechos fundamentales vs la aplicación del principio de oportunidad en sede fiscal
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Date
2013
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Publisher
Universidad Nacional de Trujillo
Abstract
El nuevo Código Procesal Penal introdujo como novedades la figura jurídica del Principio de Oportunidad conforme quedo redactado en su artículo segundo, siendo el Ministerio Público, Titular de la Acción Penal, el cual puede abstener de seguir ejercitando la acción punitiva antes y después de aperturarse la instrucción siempre en cuando se cumplan los requisitos esenciales que señala dicho dispositivo legal.
Pero, este principio jurídico con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal estuvo divorciado y distante de la norma fundamental; es decir de la constitución política, al otorgarle facultades a entidades de la administración de justicia; es decir al Ministerio Público para la resolución de conflictos en materia penal. Esto violenta no solo el principio de legalidad, sino que aun va más lejos al desconocer las facultades ya atribuidas por la Constitución la cual prescribe que para la resolución de conflictos en materia penal, es necesaria la jurisdicción; además de una ley orgánica que solvente en la mejor medida posible la justa resolución de conflictos. Garantías estas indispensables para la defensa de los derechos fundamentales no solo de las partes en el proceso; sino de la sociedad, al ser uno de los fines primordiales del derecho penal la paz y/o tranquilidad pública.
Bajo este contexto, el Jus Puniendi con el objetivo específico de desintoxicar la administración de justicia y darle la eficacia jurídica procesal al Principio de
Oportunidad se promulgo en el Diario Oficial "El Peruano" el día 23 de Febrero del año 2002 la Ley 27664, que modifica y moderniza el Artículo 2 del Código Procesal Penal, incluyendo en el segundo párrafo el término siguiente: "Si el acuerdo con la víctima consta en instrumento público o documento privado legalizado por Notario, no será necesario que el Juez cite a las partes a que presten su consentimiento expreso para la aplicación del principio de oportunidad".
La aplicación de este principio puede ser extra proceso – antes del inicio de una investigación judicial – e intra proceso – durante el proceso judicial. Esta es otro desatino que trae consigo esta nueva legislación al otorgarle a las partes del proceso el poder para la resolución de un conflicto que no se agota en los intereses y/o derechos de los particulares al ser el derecho penal, una rama del derecho público, y por tal de interés de la sociedad en su conjunto. La aplicación de alternativas de solución inter partes (espacio de consenso), es beneficioso dentro de un marco legal que evite abusos en su aplicación; sin embargo los medios utilizados también requieren de ser legítimos, ello implica el respeto a los derechos fundamentales y a la Constitución. Siendo esto así, hacer frente a la numerosa pequeña y mediana criminalidad tiene un significado capital para la eficacia de la administración de justicia. Por ello desde 1991 el legislador peruano ha utilizado dos
instrumentos de política criminal con los que espera enfrentar este problema: la posibilidad del archivo por razones de oportunidad mediando el cumplimiento de unas condiciones o mandatos, y la finalización del proceso a través del consenso entre el Juez, el Ministerio Público y la defensa, es decir la terminación anticipada del proceso, además de existir otros mecanismos alternativos de solución de conflicto penal.
Por tanto la presente investigación se orienta a determinar la vulneración de Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales con la aplicación del Principio de Oportunidad en sede fiscal o etapa preliminar. La principal motivación ha sido en lo que respecta al derecho del imputado que es a la presunción de inocencia, que solo se puede desvirtuar con medios probatorios que permitan inferir la comisión del delito. Nuestro estudio objetivo y de campo ha permitido determinar que hasta cierto punto los fiscales no ven vulnerado ningún derecho fundamental ni garantía constitucional, sin embargo, conforme se plasma en el trabajo de campo (encuestas) estas serían desvirtuadas por la poca o casi nada motivación de resolución de abstención del ejercicio de la acción penal, como también al embestirse de facultades jurisdiccionales que no le competen; todo esto agregado a la gran mayoría de respuestas por parte de los abogados defensores que si
consideran una vulneración a los derechos fundamentales y garantías constitucionales, pues el ordenamiento legal respecto a la aplicación del principio de oportunidad en sede fiscal no es muy claro y sobre todo contrario a nuestra Constitución. En ese sentido, consideramos pertinente señalar la transgresión por parte del Ministerio Público en sus funciones, que no van más allá de conducir desde su inicio la investigación del delito (artículo 158 inciso 4 de la Constitución); sin poder arrogarse facultades jurisdiccionales (artículo 139 inciso 1 de la Constitución) para la resolución de un conflicto.
Dichas opiniones recopiladas a lo largo del trabajo, fueron esenciales para darle un sustento legal a objeto de estudio y así mediante una recomendación proponer un control de legalidad (juez de garantías) en la aplicación de dicho principio en sede fiscal
Description
The new Code of Criminal Procedure introduced as novelties the legal figure of the Opportunity Principle as it was drafted in its second article, being the Public Prosecutor, Holder of the Penal Action, which may refrain from continuing to exercise punitive action before and after opening the Instruction as long as the essential requirements of said legal device are met.
However, this legal principle with the entry into force of the new Code of Criminal Procedure was divorced and distant from the fundamental norm; That is to say of the political constitution, when granting powers to entities of the administration of justice; That is to say the Public Ministry for the resolution of conflicts in criminal matters. This violates not only the principle of legality, but goes even further by ignoring the powers already attributed by the Constitution which prescribes that for the resolution of conflicts in criminal matters, jurisdiction is necessary; In addition to an organic law that solves in the best possible way fair resolution of conflicts. Guarantees are indispensable for the defense of the fundamental rights not only of the parties in the process; But of society, since peace and / or public tranquility is one of the primary purposes of criminal law. In this context, Jus Puniendi with the specific objective of detoxifying the administration of justice and giving procedural legal effectiveness to the Opportunity Principle was promulgated in the Official Gazette "El Peruano" on February 23, 2002, Law 27664, which Modifies and modernizes Article 2 of the Code of Criminal Procedure, including in the second paragraph the following term: "If the agreement with the victim is contained in a public instrument or private document legalized by a Notary, It will not be necessary for the court to require the parties to give their express consent to the application of the principle of timing. "The application of this principle may be extra-process - prior to the initiation of a judicial inquiry - This new law brings with it this new legislation by granting the parties to the process the power to resolve a conflict that is not exhausted in the interests and / or rights of individuals as it is the criminal law, a branch of the The application of inter partes solution alternatives (space of consensus), is beneficial within a legal framework that avoids abuses in its application, however the means used also require Of being legitimate,
this implies the respect to the fundamental rights and the Constitution. Being this way, to face the numerous small and medium criminals Ality has a capital significance for the effectiveness of the administration of justice. For this reason, since 1991, the Peruvian legislator has used two criminal policy instruments with which he hopes to face this problem: the possibility of filing for reasons of opportunity by means of compliance with certain conditions or mandates, and the completion of the process through consensus between the Judge, the Public Prosecutor's Office and the defense, that is, the early termination of the process, in addition to other alternative mechanisms for solving criminal disputes. Therefore the present investigation is aimed at determining the violation of Fundamental Rights and Constitutional Guarantees with the application of the Principle of Opportunity in fiscal or preliminary stage. The main motivation has been with regard to the right of the accused that is to the presumption of innocence, which can only be devalued by means of evidence to infer the commission of the crime. Our objective and field study has allowed us to determine that to a certain extent prosecutors do not violate any fundamental right or constitutional guarantee, however, as reflected in the fieldwork (surveys), these would be distorted by little or no motivation Resolution of abstention from the exercise of criminal action, as well as the assault of jurisdictional powers that do not fall to him; All of this added to the vast majority of responses by defense lawyers who consider a violation of fundamental rights and constitutional guarantees, since the legal order regarding the application of the principle of opportunity in fiscal is not very clear and above all Contrary to our Constitution. In this sense, we consider it pertinent to point out the transgression by the Public Ministry in its functions, which do not go beyond investigating the crime (article 158, subsection 4 of the Constitution); Without being
able to arrogate jurisdictional powers (article 139 paragraph 1 of the Constitution) for the
resolution of a conflict. These opinions gathered throughout the work were essential to give legal support to the object of study and thus by a recommendation to propose a legality check (judge of guarantees) in the application of this principle in fiscal
Keywords
Nuevo código procesal penal, Principio de oportunidad, Derechos fundamentales