La determinación judicial de la pena por debajo del mínimo legal en la tentativa de delitos
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Date
2015
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Publisher
Universidad Nacional de Trujillo
Abstract
Regarding judicial sentencing argues that requires a basic regulatory framework, which is built based on a set of guiding principles or management policies that guide the decisions of the legislator or judge to legal configuration or procedural fair and rational application of penalties. Meet such criminal political role guiding principles (principle of proportionality, the principle of humanity, the principle of guilt, rule of law and the precautionary principle), therefore, judicial sentencing is activity that develops the national operator to identify such qualitative and quantitative, that is, the punishment imponer in the case sub judice. That is, through it proceed to evaluate and decide on the type, extent and manner of execution of sentence, security measure or side-effect that may apply to the case. With regard to the theory of the crime is reported to be the conceptual tool that has the task to clarify and develop all questions regarding the offense thus laying the foundation for a fair and equal administration of justice, as just understanding the internal connections of Law released its application of chance and arbitrariness. The theory of crime guarantor fulfills a function, since its scope includes not only primary crime by the legislature, but also secondary, that is, the rational application of this theory. In turn, it gives us a reference point for criticism of deviations of judicial practice regarding the rule of law; thus, the theory of the crime or the criminal charges, should constitute a barrier to the violent intervention of criminal power. In addition, the complaint fulfills a communicative function in the social system. The same elements are: the typical, the unlawfulness and guilt. For the preparation of this work has been used, the inductive-deductive method, which has been used to draw conclusions from the research, that come to generalizations of the data; so, one conclusion has been achieved is that for our legal system to be effective in our society it is necessary that the jurídicosoperators "legislators and judges"-begin to distinguish between two legal concepts (attempt and an accomplished offense ), so in this way can normativizar uniform criteria which will be applied by the courts when the courts determine the penalty in the attempted crime and thus reach establish the circumstances in which they are to impose a sentence below the minimum legal in the attempted crime, all according to the mitigating and privileged circumstances, guiding principles and preventive purpose of punishment. Accordingly, we affirm that when we are dealing with a case of attempted crimes and that it is apparent extenuating circumstances, such as lack of criminal record, voluntarily repair the damage, the influences of urgent personal or family circumstances, age of the accused and other circumstances that may arise of the crime, and there are personal qualities that are part of special prevention; It must legally identify it below the legal minimum. Otherwise, not find within that hypothesis, but there turn mitigating and aggravating circumstances or just aggravating circumstances, would apply the requirements of Article 45- A. At work we have employed other methods as have been the legal hermeneutical method, which has been used in the interpretation of legal texts, in order to clarify the meaning and content of such a rule; also it will use-systematic analytical method which will allow us to analyze and synthesize the literature required the subject matter of work. Therefore, we note that when we face and privileged mitigating circumstances, our law should adjudicate penalty below the legal minimum in the attempted crime, based on the guiding principles of sentencing and the special preventive purpose penalty.
Description
En relación a la determinación judicial de la pena se sostiene que requiere de un marco regulador básico, el cual se edifica en base a un conjunto de principios rectores o políticas de gestión, que orientan las decisiones del legislador o del juez hacia la configuración legal o la aplicación procesal de penas justas y racionales. Cumplen tal función político criminal los principios rectores (principio de proporcionalidad, principio de humanidad, principio de culpabilidad, principio de legalidad y principio preventivo), por consiguiente, la determinación judicial de la pena es toda actividad que desarrolla el operador jurisdiccional para identificar de modo cualitativo y cuantitativo, es decir, la sanción a imponer en el caso sub judice. Esto es, a través de ella se procede a evaluar y decidir sobre el tipo, la extensión y el modo de ejecución de la pena, medida de seguridad o consecuencia accesoria que resulten aplicables al caso. En lo que respecta a la teoría del delito se indica que es el instrumento conceptual al que le corresponde la tarea de aclarar y desenvolver todas las cuestiones con respecto al hecho punible para sentar así la base para una administración de justicia igualitaria y justa, ya que sólo la comprensión de las conexiones internas del Derecho liberan su aplicación del acaso y la arbitrariedad. La teoría del delito cumple una función garantista, pues su campo de acción no solo comprende a la criminalidad primaria realizada por el legislador, sino también a la secundaria, es decir, la aplicación racional de esta teoría. A su vez, nos brinda punto referencial para la crítica de las desviaciones de la práctica judicial, respecto a los principios del Estado de derecho; de esta forma, la teoría del delito o de la imputación penal, vii se debe constituir en una barrera frente a la intervención violenta del poder penal. Pero además, la imputación cumple una función comunicativa en el sistema social. Los elementos del mismo son: la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Para la elaboración de este trabajo se ha empleado, el método inductivodeductivo, el cual ha sido utilizado para obtener las conclusiones del trabajo de investigación, que vienen hacer las generalizaciones de los datos obtenidos; es así, una de las conclusiones que se ha logrado es que, para que nuestro ordenamiento jurídico sea efectivo en nuestra sociedad se necesita que los operadores jurídicos-“legisladores y jueces”- empiecen a diferenciar dos figuras jurídicas (la tentativa y un delito consumado), luego deberán definir si nos encontramos ante qué grado de tentativa se encuentran, es decir, ante una tentativa acabada o una tentativa inacabada, para que de esta manera puedan normativizar criterios uniformes, los cuales serán aplicados por los jueces al momento de determinar judicialmente la pena en la tentativa de delitos y llegar establecer parámetros que indiquen hasta qué proporción se debe reducir la pena en el caso en concreto, en base a las circunstancias atenuantes, los principios rectores y el fin preventivo de la pena. En consecuencia, afirmamos que cuando nos encontremos ante un caso de tentativa acabada conjuntamente con circunstancias atenuantes, se reducirá la pena hasta un grado por debajo del tercio inferior. Mientras que, si nos enmarcamos dentro de un caso de tentativa inacabada con circunstancias atenuantes, la pena se reducirá dos grados por debajo del tercio inferior. viii En el trabajo se ha empleado otros métodos como han sido el método hermenéutico-jurídico, el cual ha sido empleado en la interpretación de textos legales, con la finalidad de esclarecer el significado y contenido de dichas normas jurídicas; además se hará uso del método Analítico-Sistemático, el cual nos permitirá analizar la bibliografía necesaria y sintetizar el tema materia de trabajo. Por ello, señalamos que cuando nos encontramos ante circunstancias atenuantes y privilegiadas, nuestro ordenamiento jurídico debe determinar judicialmente la pena por debajo del mínimo legal, es decir, por debajo del tercio inferior; asimismo tendrá que tomarse en cuenta el tipo de tentativa ejecutada, para que así en base a los principios rectores de la determinación de la pena y el fin preventivo especial de la misma se determine en qué proporción se deberá reducir la pena a imponer, ya que el artículo 45-A, no precisa hasta donde se deberá reducir la pena.
Keywords
Derecho penal