El uso abusivo del embargo en el procedimiento de ejecución coactiva
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Date
2018
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Publisher
Universidad Nacional de Trujillo
Abstract
La cobranza coactiva, es un procedimiento administrativo con el cual el Estado, Central o Local, solicita la ejecución forzada, con el fin de cumplir con lo ordenado en un acto administrativo, sea de naturaleza pecuniaria o no pecuniaria. Es en este sentido, que la Ley Nº 26979 nos regula las funciones exclusivas del ejecutor coactivo y del auxiliar coactivo, además de encontrarse inmersas en el Código Tributario (D.S. Nº 133-2013-EF). Sin embargo, hay situaciones donde la autoridad municipal inicia un procedimiento inadecuado señalando en forma errónea aun tercero, como responsable de la deuda tributaria y ordena al ejecutor coactivo el inicio del procedimiento de ejecución coactiva.
Es en esta situación donde el ejecutor coactivo debe cumplir con lo regulado en el artículo 77º inciso 1 del Código Tributario, esto con el fin de poder evitar errores.
En este caso, el ejecutor coactivo a evaluado incorrectamente el expediente para aperturar el proceso de cobranza coactiva, trayendo como consecuencias el embargo, de una cuenta que no correspondía al titular de la deuda tributaria. Es a esto punto que la presente tesis señala, por cuanto los artículos 10.2 y 26.2 de la Ley Nº 26979 establece la no responsabilidad del ejecutor coactivo en el ejercicio de sus funciones, al embargar a un tercero, afectando con ello su patrimonio; siendo con ello, a la luz de la doctrina, una norma modificable y que determinaría la responsabilidad del ejecutor coactivo por la mala praxiis . Es ante este hecho con el cual se pretende establecer que dichas normas son susceptibles de ser modificadas totalmente por una nueva norma. Más aún el presente trabajo pretende demostrar que el ejecutor coactivo debe observar y evaluar el expediente enviado por la administración tributaria a fin de poder salvaguardar los intereses de los contribuyentes o terceros que resulten afectados en su patrimonio.
Description
The coercive collection is an administrative procedure with which the State, Central or Local, requests the forced execution, in order to comply with what is ordered in an administrative act, whether of a pecuniary or non-pecuniary nature.
It is in this sense that Law No. 26979 regulates the exclusive functions of the coercive executor and the coercive assistant, besides being immersed in the Tax Code (D.S. No. 133-2013-EF). However, there are situations where the municipal authority initiates an inadequate procedure erroneously pointing out a third party, as responsible for the tax debt and orders the coercive executor to initiate the coercive enforcement proceeding.
It is in this situation where the coercive executor must comply with what is regulated in article 77º, paragraph 1 of the Tax Code, in order to avoid errors. In this case, the coercive executor has incorrectly evaluated the file to open the coercive collection process, bringing as consequences the seizure, of an account that did not correspond to the holder of the tax debt. It is to this point that this thesis points out, since Article 10.2 and 26.2 of Law No. 26979 establishes the non-responsibility of the coercive executor in the exercise of his functions, by seizing a third party, thereby affecting his assets; being with it, in the light of the doctrine, a modifiable norm and that would determine the responsibility of the coercive executor for the bad praxis. It is with this fact that it is intended to establish that these standards are susceptible of being totally modified by a new norm. Furthermore, this paper aims to demonstrate that the coercive executor must observe and evaluate the file sent by the tax administration in order to safeguard the interests of taxpayers or third parties that are affected in their assets
Keywords
El uso abusivo del embargo de parte del estado hacia sus contribuyentes, Procedimiento de ejecución coactiva (área de cobranza), Principio de un debido y justo proceso