Los Informes Técnicos sobre medición de ruidos como medios de prueba para la configuración del delito ambiental de contaminación sonora

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Date
2018
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Publisher
Universidad Nacional de Trujillo
Abstract
Presento para análisis de la comunidad jurídica, la presente investigación relacionada con los Informes Médicos sobre Medición de Ruidos y el delito de Contaminación Sonora. Ha sido materia del presente trabajo, determinar si en la emisión de los Informes Fundamentados, elaborados y remitidos por lo entes especialistas ambientales especializados, cumplen con los requisitos establecidos por ley, para que puedan constituir como medios de pruebas eficaces para la configuración del delito ambiental de Contaminación Sonora y no queden dentro del margen de la esfera del Derecho Administrativo (mera infracción administrativa), evitando que de esta manera se puedan vulnerar los derechos: al descanso, ocio y a vivir en un ambiente sano y equilibrado, ya que la superación de los decibeles puede causar un grave riesgo a la salud tanto física como emocional de los componentes existentes en el medio ambiente; todo ello materia de discusión en el Caso Fiscal N° 142-2012 – Trujillo. En tal sentido, es de vital importancia, resaltar el respeto al Derecho al Descanso, Ocio, como derechos que si bien es cierto no se encuentran señalados taxativamente en nuestra normativa nacional, se desprenden del Derecho a Vivir en un Ambiente Sano y Equilibrado, por ende, son derechos que requieren de protección especial y deben ser reconocidos como tales. Ahora bien, la problemática de esta investigación surgió al momento de desarrollar el Servicio Civil de Graduandos en el Ministerio Público – FPEMA, donde mi Despacho Fiscal Especializado, venía recibiendo y tramitando, las denuncias sobre contaminación sonora, siendo que en la mayoría de ellos, se llegaba a realizar la medición de ruidos por parte de SEGAT-Municipalidad Provincial de Trujillo, pero pese a que, en los Informes Fundamentados, se establecía claramente, la superación de los decibles, y que ello conlleva graves daños tanto físicos como psicológicos para los elementos que conforman el medio ambiente; dichos informes no eran tomados como medios de pruebas eficaces. Todo lo anteriormente mencionado, conllevaba a que los procesos penales sobre Contaminación Sonora que se venían tramitando, sean sobreseídos, puesto que los jueces de nuestro Distrito Judicial de Trujillo, consideran que: “los Informes Fundamentados, no son emitidos por especialistas en el campo, además que encuentran que el único razonamiento que en ellos se sigue es el siguiente “como las mediciones superaron los máximos permitidos, entonces automáticamente hay daño al medio ambiente y la salud pública”; es decir, que esa pretendida relación de causalidad (la sola superación del decibelaje permitido, en efecto, produce la grave afectación al medio ambiente no se acredita con testimoniales que diga que les afecta el ruido sino con Informes Técnicos Especializados que acrediten que ese decibelaje va importar no sólo una infracción administrativa, sino una grave perturbación al medio ambiente pasible de ser considerada ilícito penal)”, en consecuencia, dicho argumento nos lleva a determinar sobre las diferencias existentes entre una infracción administrativa y el ilícito penal y la aplicación de los principios de ultima ratio como el de mínima intervención del Derecho Penal, para que la superación de los decibeles no sólo encuadre en el campo del Derecho Administrativo y que sea sancionada con una simple multa o el cierre definitivo o temporal de un local sino que transcienda al campo del Derecho Penal, propiamente como un delito ambiental. Es así que, tras iniciar esta investigación, se ha tenido que analizar el Art. 149 de la Ley General del Ambiente, que ha sido modificado en varias ocasiones, puesto que, el Informe Fundamentado, constituyendo prueba documental, en un momento fue considerado de exigencia obligatoria su evacuación por escrito por la autoridad ambiental, antes del pronunciamiento del fiscal provincial o fiscal de la investigación preparatoria en la etapa intermedia del proceso penal, sin embargo, ello conllevaba a que en muchas ocasiones, el retardo en su elaboración y remisión, perjudicaba gravemente las investigaciones penales aunado que muchas veces no se cuenta con gran cantidad de ingenieros especialistas para la medición de ruidos; hecho que ya ha sido subsanado por el momento, por cuanto no constituye un medio de procedibilidad de la acción penal; sin perjuicio de ello, es obligatoria para la autoridad ambiental responsable de su elaboración la emisión del mismo. Es por ello, que concluida la presente investigación se va a poder determinar que los jueces bajo los argumentos mencionados líneas arriba así como las deficiencias por la que atraviesan las Fiscalías Provinciales Especializadas en Materia Ambiental, no impide que los Informes Fundamentados sean considerados como medios de pruebas eficaces para la configuración del delito ambiental de Contaminación Sonora, puesto que dichos Informes Fundamentados, son emitidos por ESPECIALISTAS, y que dicho nexo causal (superación de los decibeles si ocasiona graves daños físicos y emocionales al medio ambiente). Finalmente, en las conclusiones y recomendaciones que se expondrán al concluir este trabajo; se va a poder resaltar, que el mayor aporte de la presente investigación es demostrar que los Informes Fundamentados sobre Medición de Ruidos si son medios de pruebas eficaces y que con ellos, se puede determinar que se afecta gravemente el medio ambiente. Palabras Claves: Contaminación Sonora, Medición de Ruidos, Medio Ambiente, Informes Fundamentados, Medios de Pruebas, Especialistas, Infracción Administrativa, Ilícito Penal.
Description
Presented for analysis of the legal community, the present investigation related to the Medical Reports on Measurement of Noises and the Crime of Sound Pollution. It has been the subject of the present work, to determine if in the issuance of the Grounded Reports, elaborated and sent by specialized environmental specialists, they comply with the requirements established by law, so that they can constitute effective means of proof for the configuration of environmental crime of Sound Pollution and do not fall within the scope of the Administrative Law sphere (mere administrative infraction), avoiding that in this way the rights may be violated: to rest, leisure and to live in a healthy and balanced environment, since the overcoming of the decibels can cause a serious risk to the physical and emotional health of the components existing in the environment; all this is a matter of discussion in Fiscal Case No. 142-2012 - Trujillo. In this sense, it is of vital importance to highlight the respect to the Right to Rest, Leisure, as rights that although it is true are not clearly stated in our national regulations, they are derived from the Right to Live in a Healthy and Balanced Environment, by Therefore, they are rights that require special protection and must be recognized as such. However, the problem of this investigation arose at the time of developing the Civil Service Graduates in the Public Ministry - FPEMA, where my Specialized Prosecutor's Office, had been receiving and processing, complaints about noise pollution, being that in most of them, Noise measurement was made by SEGAT-Provincial Municipality of Trujillo, but in spite of the fact that, in the Grounded Reports, it was clearly established, the overcoming of the decibles, and that this entails serious physical and psychological damages for the elements that make up the environment; these reports were not taken as effective means of proof. All of the aforementioned, led to the criminal proceedings on Sound Pollution that were being processed, being overloaded, since the judges of our Judicial District of Trujillo, consider that "the Grounded Reports, are not issued by specialists in the field, in addition who find that the only reasoning that follows is the following "as the measurements exceeded the maximum allowed, then there is automatically damage to the environment and public health"; that is to say, that this alleged causality relationship (the mere overcoming of decibel allowed, in effect, produces serious damage to the environment is not credited with testimonials that say that noise affects them but with Specialized Technical Reports that prove that decibelaje goes import not only an administrative infraction, but a serious disturbance to the environment that can be considered a criminal offense) ", consequently, this argument leads us to determine the differences between an administrative and criminal offense and the application of the principles of ultima ratio as the minimum intervention of Criminal Law, so that the overcoming of the decibels not only fits in the field of Administrative Law and that is sanctioned with a simple fine or the definitive or temporary closure of a premises but transcends the field of Criminal Law, properly as an environmental crime. Thus, after starting this investigation, it has been necessary to analyze Art. 149 of the General Law of the Environment, which has been modified several times, since the Informed Report, constituting documentary evidence, at one time was considered Mandatory requirement for its evacuation in writing by the environmental authority, before the pronouncement of the provincial prosecutor or prosecutor of the preparatory investigation at the intermediate stage of the criminal process, however, this entailed that in many cases, the delay in its preparation and referral, seriously impaired criminal investigations coupled with the fact that often there is not a large number of specialist engineers for noise measurement; a fact that has already been corrected for the time being, since it does not constitute a means of procedivity of the criminal action; without prejudice to this, it is mandatory for the environmental authority responsible for its preparation to issue it. That is why, once the present investigation is concluded, it will be possible to determine that the judges under the arguments mentioned above as well as the deficiencies experienced by the Provincial Prosecutors Specialized in Environmental Matters, do not prevent the Grounded Reports from being considered as means of effective proofs for the configuration of the environmental crime of Sound Pollution, since said Grounded Reports, are issued by SPECIALISTS, and that causal link (overcoming the decibels if it causes serious physical and emotional damage to the environment). Finally, in the conclusions and recommendations that will be presented at the conclusion of this work; it is going to be possible to highlight that the main contribution of the present investigation is to demonstrate that the Grounded Reports on Noise Measurement if they are means of effective tests and that with them, it can be determined that the environment is seriously affected. Key Words: Sound Pollution, Noise Measurement, Environment, Grounded Reports, Evidence, Specialists, Administrative Infringement, Criminal Illicit.
Keywords
Medios de Pruebas, Medio Ambiente, Contaminación Sonora, Medición de Ruidos
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